LA INFORMALIDAD LIDERA EL MERCADO DE TV PAGA DEL PERÚ
Operadores y programadores de TV paga anuncian ALIANZA para combatir la piratería
ü En los últimos 10 años la informalidad ha ganado terreno en la industria, tiene el 52% del mercado y presenta un problema para operadores, proveedores de contenido, el Estado y los propios consumidores.
ü Al 2014, el mercado formal de TV paga en el Perú tiene más de 1.4 millones de conexiones y más de 1.5 millones tienen el servicio de manera informal, ya sea mediante la retransmisión ilegal, conexiones piratas, utilización de equipos Free-to-air (FTA) y el sub reportaje de los operadores ilegales.
ü El Estado peruano pierde 170 millones de soles en impuestos que no se pagan debido a las conexiones ilegales de TV paga.
ü La informalidad, además, pone en peligro el trabajo formal y la calidad del servicio al cliente, reduce la producción de contenido local, además de comprometer el despliegue de la infraestructura de telecomunicaciones.
Lima, 28 de mayo de 2015.- La informalidad ha puesto en alerta a las empresas privadas y miembros de la industria de la televisión paga para tomar una posición activa y decisiva en la lucha contra este problema. A partir de datos de la Encuesta Nacional de Hogares, se puede estimar que el crecimiento de las conexiones informales ha sido de más de 50% anual en el periodo 2004-2014; mientras que, según datos del OSIPTEL, el crecimiento de las conexiones formales en ese mismo período fue inferior al 10% anual promedio. Por ello, la industria formal ha ido perdiendo terreno frente a la informalidad.
Conscientes de que esta realidad es similar en los diferentes países de Latinoamérica, DIRECTV y NAGRA, proveedor de seguridad y soluciones para medios digitales en multipantalla, decidieron unir esfuerzos en el 2013 para crear la Alianza contra la Piratería de Televisión Paga ("Alianza"). La Alianza, que también está integrada por CLARO y TELEFÓNICA fue presentada hoy, jueves 28 de mayo, en el Perú en un evento que congregó a representantes y expertos de la industria, así como a diferentes actores de la sociedad involucrados en esta problemática, que perjudica a la empresa privada, al sector público y a los mismos usuarios del servicio.
La piratería no sólo es una amenaza para la seguridad de las empresas operadoras, sino también para los intereses del país: genera más de 600 millones de soles de pérdidas anuales para los operadores de TV paga y el Estado peruano pierde casi 170 millones de soles en impuestos que no se pagan debido a ello. Además, los incentivos que tiene la industria de TV paga para desplegar infraestructura se ven disminuidos, afectando también el desarrollo de las redes de fibra óptica, que son el primer paso para llevar las altas velocidades de Internet a los peruanos. Por todo ello, los usuarios también se ven perjudicados, en términos de calidad, precios y servicios.
El objetivo de Alianza, que reúne a las empresas líderes de TV paga en Latinoamérica como los propietarios de contenido, proveedores de tecnología y operadores de TV paga, es combatir la piratería de TV paga en todas sus formas. Desde principios del 2013, la Alianza ha realizado una serie de esfuerzos para generar interés tanto del Estado como de la población sobre lo nocivo que resulta para el país la piratería, ya que además de la pérdida de ingresos tributarios, pone en peligro la calidad de señal al cliente, el trabajo formal y reduce la producción de contenidos locales.
Ante ello, las empresas operadoras que forman la Alianza vienen implementando la digitalización progresiva de sus redes, así como evolucionando los mecanismos de seguridad para la protección de sus señales en conjunto con proveedores importantes de tecnología, como NAGRA, especialista en la encriptación de las señales de TV paga. Además, se está organizando un frente en común para luchar contra las cableras informales que insertan la señal de los operadores legales sin su autorización.
Por eso resulta decisivo lograr el apoyo del Estado a través de la creación de una fiscalía ad-hoc que luche contra la piratería de TV paga en todas sus formas y de la prohibición expresa de la importación, fabricación, venta, arrendamiento y puesta de circulación de equipos decodificadores Free-To-Air (FTA, por sus siglas en inglés), además de promover la ejecución de medidas concretas contra las cableoperadoras informales. Entre estas medidas están la orden de cese inmediato de sus operaciones, y el desmontaje e inmovilización de sus equipos, entre otras.
“La Alianza busca también la creación de un ambiente de inversión estable mediante la implementación y el compromiso de acuerdos regionales y bilaterales. Esto solo es posible mediante la adopción de leyes específicas contra la piratería y la cooperación regional”, agregó Marta Ochoa, Directora Ejecutiva de Alianza.
Comentarios de los operadores
“Somos conscientes de que este es un largo camino que debemos recorrer, pero venimos trabajando de manera activa con todos los implicados para que tanto el Estado como la población se comprometan a enfrentar también este problema. Debemos contar con un marco normativo que nos permita aplicar las leyes de la manera correcta para aquellos que infringen la ley, pero que además nos lleve a proveer de acciones civiles a aquellos que se hayan visto afectados por la piratería”, señaló Gian Marco Asencio, Gerente Legal y de Relaciones Gubernamentales de DIRECTV.
Por su parte, Dennis Fernández, director de Estrategia, Regulación, Mayorista y Calidad de TELEFÓNICA, expresó que “la Alianza nace para hacer frente al competidor más difícil: la informalidad”. Para el ejecutivo, la informalidad explica que la presencia de este servicio en los hogares peruanos esté entre las más bajas de la región, al igual que las tarifas. “La informalidad perjudica la señal que recibe el cliente, pues ésta se deteriora. En zonas donde existe piratería y/o informalidad no hay incentivos para invertir ni para ofrecer una oferta comercial más beneficiosa para los consumidores”. Fernández señaló, además, que los procedimientos de supervisión y denuncia contra la informalidad implican tiempos muy prolongados y poco eficientes.
Juan Rivadeneyra, Director de Marco Regulatorio de CLARO, indicó que la Alianza constituye un importante esfuerzo de los operadores locales de TV paga que apuestan por el país, con el objeto de consolidar aquellas bases mínimas y esenciales para que sus inversiones contribuyan de manera sostenida al desarrollo social y económico de todos los peruanos. “En un contexto regulatorio como el actual donde las normas locales no contienen barreras de entrada para prestar el servicio, la piratería de señales -en sus diversas modalidades- pone en jaque los compromisos internacionales que ha asumido el Perú respecto del cumplimiento y respeto de los derechos de propiedad intelectual, así como nos alejan del circulo de países comprometidos con consolidar su desarrollo mediante la generación de garantías y seguridades a los inversionistas y, sobretodo, mediante el respeto de las normas mínimas de convivencia social como el respeto de la propiedad y el acatamiento de las obligaciones fiscales por todos los ciudadanos. Las autoridades cumplen un rol importante en esta situación y confiamos en que con motivo de la constitución de la Alianza se tome consciencia de la gravedad de la situación y se adopten las acciones correspondientes para encarar esta problemática de manera firme y decidida”, agregó.